Si un alumno se demora en presentar la reca, ¿qué ocurre? No se la aceptan puesto que las normas no lo permiten. Pero... ¿qué ocurre si las autoridades no cumplen con las normas establecidas en el estatuto? ¿Habrá castigo?
En la última Asamblea Universitaria, las autoridades, a pesar de su conocimiento del estatuto, ignoraron los procedimientos democráticos establecidos en este documento. Esto ha dado lugar a la invalidez del acuerdo por la poca importancia que se le ha dado a nuestras reglas democráticas por parte de las autoridades de Consejo Universitario.
El día lunes 15 de febrero se llevó a cabo una sesión de Asamblea Universitaria en la cual se aprobó el Plan de Funcionamiento de la Universidad. Hubo diversas críticas a la aparente reducción de metas que se ha impuesto la universidad. Se ha pasado de tener 86 metas en el 2000, 15 en el 2004 a tener solo 4 metas para este año. Si bien se puede tratar de un "nuevo modelo de gerencia" llama la atención tan súbito y radical cambio.
Lamentablemente, ese no es el punto más importante de esa Asamblea. Lo lamentable fue que la decisión tomada es nula puesto que contradice lo establecido por nuestro estatuto.
En el artículo 75 inciso d de este se dice:
"Las atribuciones de la Asamblea Universitaria son: ratificar el Plan de Funcionamiento y el Plan de Desarrollo aprobados por Consejo Universitario"
De la misma forma, en el artículo 82 establece:
"Cuando el Consejo Universitario debiere aprobar el Plan de Desarrollo, el Plan de Funcionamiento y el Reglamento de Elecciones o acordar el receso temporal de una unidad académica o de la Universidad, asistirán con voz y voto todos los Decanos y un número adicional de estudiantes igual a la mitad del número de Decanos incorporados para este propósito"
Como vemos, la función de la Asamblea es ratificar o no un acuerdo tomado en otra instancia que es lo que tradicionalmente se llama "Consejo Ampliado". Hay una doble discusión: primero entre 30 personas aproximadamente y luego entre 79. Lo que ha ocurrido es que se ha obviado la primera instancia para llevar el tema directamente a la Asamblea. Como le será obvio a cualquiera, es casi imposible modificar un proyecto entre 80 personas (cosa que sí se puede entre 30). Por tanto, se ha aprobado directamente el plan propuesto por la DAPE y no lo debatido en Consejo Ampliado.
Como vemos, la norma tiene una razón de ser. Es importante que en un espacio representativo se debata el proyecto y luego este sea aprobado por la Asamblea. Omitir esto no es cosa de juego. Constituye obviamente, una afrenta a nuestro estatuto, a la institucionalidad de nuestra casa de estudios y a nuestro compromiso con la democracia. ¿Con qué cara seremos garantes de la democracia en el país si no podemos cumplir con nuestras propias reglas (establecidas por nosotros mismos)?
Asimismo, resulta lamentable que lo cometido aquel día no haya sido un error sino que fue un acto conocido y deliberado. Tres representantes estudiantiles en el Consejo Universitario conversaron ayer con René Ortiz, secretario general de la Universidad, y este les confesó que las autoridades tenían conocimiento de la norma pero igual, por una necesidad de apurar las cosas, omitieron el procedimiento correcto. Así pues, resulta bastante sospechoso que el secretario general y el rector que son abogados y tienen más de 15 años en el Consejo Universitario hayan omitido la reunión que tenían que realizar.
La decisión tomada en la asamblea es impugnable de acuerdo al artículo 92 del Código Civil y a la disposición final de nuestro estatuto.
Queda la duda, pues, de para qué sirven las normas. O más bien, si nuestras autoridades creen que las reglas sirven para algo.
El día de ayer, en la sesión de Junta de Presidentes (reunión de los presidentes de Centros Federados, FEPUC y Consejos Universitarios) se decidió enviar una carta al Rector y al Secretario General que reproduciremos en el siguiente post.
Renato Constantino
Presidente
Sergio Gianotti
Secretario de Organización
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